Las cárceles de la miseria

Loïc Wacquant (2000).

Las cárceles de la miseria.

Buenos Aires: Manantial, 186 páginas.

Diego Campos1

“La causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales”.

William Bratton, ex jefe de policía de Nueva York

(citado en el prefacio de Las cárceles de la miseria)

Seguridad ciudadana”, “paz ciudadana”, “un mordisco a la delincuencia”; son innúmeros los términos en boga utilizados para dar cuenta de la actual preocupación por la violencia urbana, y que parecen reflejar un aumento sin precedentes del delito en nuestras ciudades. Poco importa que se señale la brecha existente entre las tasas de victimización y la sensación de inseguridad reflejada por periódicas encuestas de opinión (PNUD, 1998); resulta igualmente desestimada la creciente militarización de las policías y el ejercicio preferente de su fuerza contra los jóvenes pobres (Ramos y Guzmán, 2000; Wacquant, 2001). Periódicamente, la prensa difunde casos emblemáticos de víctimas de la delincuencia; la “mano dura contra el delito” resulta, a la luz de los antecedentes divulgados, casi un sentido común. Sin embargo, sospechando de una construcción social en el discurso sobre la delincuencia, hay quienes aventuran explicaciones alternativas, las cuales cubren desde una crisis del espacio público y la sociabilidad a la Sennett (1978) hasta un endurecimiento de las condiciones de vida en la ciudad (Moulian, 1997).

En Las cárceles de la miseria, Wacquant lleva a cabo una doble tarea. En primer lugar, desentraña los orígenes de esta nueva “sensatez penal”, rastreando sus orígenes en los think tanks neoconservadores estadounidenses y develando el proyecto de ordenación social que proponen; en segundo lugar, sitúa este corpus doctrinario en el contexto de una trasformación mayor, de carácter supranacional, relativa a una nueva gestión estatal de la miseria urbana. En efecto, plantea el autor, el tratamiento penal de la miseria no obedece tanto a un aumento en la cantidad o virulencia de los delitos como a una nueva forma de entender el papel que le cabe al Estado en el manejo de los problemas asociados a la marginalidad y la pobreza. En este sentido, el nuevo “sentido común penal” se plantea correlativo a la ideología neoliberal que concibe el ordenamiento económico y social en términos del individualismo y la mercantilización, constituyendo así en materia de justicia su traducción y complemento.

Wacquant sitúa el origen de este pensamiento en una serie de instituciones estadounidenses vinculadas al neoconservantismo, entre las cuales destaca el American Enterprise Institute, el Cato Institute y la Heritage Foundation; sin embargo, el principal sindicado es el Manhattan Institute. Estos institutos de asesoramiento, de reconocida influencia en materia de pensamiento económico liberal han cumplido según el autor la importante misión de difundir y legitimar los postulados relativos a una mayor presencia del aparato punitivo y judicial del Estado. En este movimiento, se hace responsable al excesivo asistencialismo estatal de fomentar la pobreza y la descomposición social, donde radica el germen de las violencias que aquejan a las ciudades. La retracción liberal del Estado keynesiano de posguerra implica, por tanto y al mismo tiempo que la desmantelación de las estructuras de asistencia social un fortalecimiento de la presencia estatal a través de la policía y los tribunales.

En esta aparente paradoja radica el corazón del argumento de Wacquant. ¿Cómo aquellos que en un momento defendían a ultranza el “menos Estado”, hoy claman por una mayor presencia de éste en lo penal? En la era de la desocupación masiva y del empleo precario, atribuidos a las transformaciones económicas del “nuevo capitalismo” y la economía global (Bourdieu, 1999; Sennett, 2000), la gestión punitiva de la miseria funge como una poderosa herramienta de control social: “Mano invisible del mercado y puño de hierro del Estado se conjugan y se completan para lograr una mejor aceptación del trabajo asalariado desocializado y la inseguridad social que implica” (Wacquant, 2000: 166). En último término, la transformación del Estado providencia al “Estado penitencia” en la terminología del autor se valida como un dispositivo que, al igual que las instituciones disciplinarias de Foucault (1996), se ejerce sobre el cuerpo de las ciudadanos a fin de hacerlos dóciles y útiles. En este sentido, el texto da cuenta de una triple utilidad del aparato penal hipertrofiado: disciplinar a los sectores obreros reticentes al trabajo asalariado precarizado; neutralizar o excluir a sus elementos díscolos o superfluos, de acuerdo a los vaivenes de la oferta de empleos, y reafirmar la autoridad del Estado en este dominio restringido.

En Estados Unidos, la política social carcelaria cristaliza en cinco tendencias: una “hiperinflación carcelaria” o el aumento exorbitante del número de encarcelados; un incremento sostenido en la cantidad de personas en manos de la justicia, en las “antecámaras y bastidores” de la prisión; el crecimiento desmesurado del sector penitenciario dentro de la administración pública; el florecimiento de la industria privada de la prisión, y finalmente lo que el autor denomina una “política de affirmative action carcelaria”, que se traduce en el ejercicio preferente de la política punitiva sobre las familias y barrios desheredados, particularmente los enclaves negros de las grandes ciudades. Wacquant es enfático en señalar que esta orientación no responde a una mayor propensión de los afroamericanos a las conductas desviadas, sino que “delata, ante todo, el carácter fundamentalmente discriminatorio de las prácticas policiales y judiciales llevadas adelante en el marco de la política de ‘ley y orden’ de las dos últimas décadas” (101).

Estos procesos son replicados de manera análoga en Europa, donde el marcado viraje a la derecha política de los últimos años ha allanado el camino para la difusión del pensamiento punitivo y la subsecuente realineación de las políticas sociales. Tal como en su país de origen, y legitimado por el “fino barniz científico” que le otorgan ciertos centros de estudios y usinas reproductoras de discursos en el sentido que Foucault (1970) le da al término, el “sentido común penal” tiene como su objeto preferente ciertas capas específicas de la población; en este caso, los extranjeros inmigrantes. Es posible entonces redefinir la comprensión del Estado como el ente que detenta el monopolio de la violencia legítima (Weber, 1998), en tanto ésta se ejerce sobre “aquellos a quienes podemos describir como los inútiles o insumisos del nuevo orden económico y etnorracial que se introduce en la otra orilla del Atlántico, y que los Estados Unidos proponen hoy como patrón al mundo entero” (6).

Sin embargo como reza el título de la entrevista al autor que cierra el libro, “el advenimiento del Estado penal no es una fatalidad” (165). Dado que la utilización de los dispositivos penitenciarios con fines de control social es producto, según Wacquant, de decisiones políticas a las cuales es posible oponerse, existe la alternativa de proponer y construir una política social alternativa, que permita el real progreso de los derechos sociales y económicos de las personas. La extensión del sistema penal es a la vez una máquina de exclusión y de pauperización; por tanto, la encrucijada que enfrenta Europa pone en juego, en último término, la construcción de un Estado social digno de ese nombre.

Si bien el libro responde como reconoce el autor a la preocupación por la amplia difusión en Europa del modelo de gestión punitiva de la miseria, no está ausente de su reflexión el hecho de que América Latina constituye cada vez más un campo fértil para las ideas del “más Estado penal”, así como en los ’70 y ’80 fue la tierra prometida del “menos Estado social”. En la perspectiva de Wacquant, a los Chicago boys los suceden los New York boys encabezados por el mismísimo Bratton, quien ha visitado en dos ocasiones la ciudad de Buenos Aires (que a estos efectos cumple para Latinoamérica el mismo rol que Londres en el contexto europeo, a saber, el de vitrina de estas ideas). La rápida y acrítica adopción de la doctrina de la “tolerancia cero” en Argentina es señalada con preocupación por el autor, quien recalca una vez más que su objetivo “es menos combatir el delito que librar una guerra sin cuartel contra los pobres y los marginales del nuevo orden económico neoliberal que, por doquier, avanza bajo la enseña de la ‘libertad’ recobrada” (17).

Lo social se explica por lo social; Wacquant actualiza el viejo postulado de Durkheim (1986) insistiendo en que el delito así como la miseria y la inseguridad obedece a factores que una política social coherente y responsable debe necesariamente considerar. A diferencia del darwinismo brattoniano (que plantea que “la desocupación no está relacionada con el delito”, 11), su análisis apunta a la precarización del trabajo asalariado, aunque deja abierta la posibilidad de posteriores interpretaciones. De cualquier manera, su trabajo se revela extremadamente contingente en el contexto de nuestras sociedades; particularmente para el caso de Chile, donde desde hace casi una década se ha instalado con fuerza en el debate público la preocupación por el control del delito y la seguridad ciudadana.

Esta preocupación articula tanto una inseguridad generalizada como una percepción del incremento sostenido del delito. Una mirada que se haga cargo de la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno social puede proveer de un cuerpo de respuestas y análisis a esta problemática como aquellas indicadas al comienzo de este texto. Sin embargo, el principal aporte del trabajo de Wacquant, en el marco de la ciudad latinoamericana de comienzos de milenio, puede ser la invitación que nos hace a precavernos del “social panoptismo” asociado a una administración penal de la pobreza urbana. La pregunta de fondo sigue siendo la misma que la sociología ha tratado de responder desde sus orígenes; ¿Cómo organizamos nuestra vida en sociedad? En último término: ¿Qué queremos para nuestras ciudades?

Referencias bibliográficas

Bourdieu, P. (1999). Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona: Anagrama.

Durkheim, E. (1986). Las reglas del método sociológico. México: Fondo de Cultura Económica [1895].

Foucault, M. (1970). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets.

_________ (1996). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI.

Moulian, T. (1997). Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago: LOM.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1998). Desarrollo humano en Chile. Las paradojas de la modernización. Santiago: Naciones Unidas.

Ramos, M. y J. Guzmán (2000). La guerra y la paz ciudadana. Santiago: LOM.

Sennett, R. (1978). El declive del hombre público. Barcelona: Península.

_________2000). La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama.

Wacquant, L. (2001). Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires: Manantial.

Weber, M. (1998). El político y el científico. Madrid: Alianza [1918].

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1Licenciado en Sociología, P. Universidad Católica de Chile, Chile.

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“La causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales”.

William Bratton, ex jefe de policía de Nueva York

(citado en el prefacio de Las cárceles de la miseria)

Seguridad ciudadana”, “paz ciudadana”, “un mordisco a la delincuencia”; son innúmeros los términos en boga utilizados para dar cuenta de la actual preocupación por la violencia urbana, y que parecen reflejar un aumento sin precedentes del delito en nuestras ciudades. Poco importa que se señale la brecha existente entre las tasas de victimización y la sensación de inseguridad reflejada por periódicas encuestas de opinión (PNUD, 1998); resulta igualmente desestimada la creciente militarización de las policías y el ejercicio preferente de su fuerza contra los jóvenes pobres (Ramos y Guzmán, 2000; Wacquant, 2001). Periódicamente, la prensa difunde casos emblemáticos de víctimas de la delincuencia; la “mano dura contra el delito” resulta, a la luz de los antecedentes divulgados, casi un sentido común. Sin embargo, sospechando de una construcción social en el discurso sobre la delincuencia, hay quienes aventuran explicaciones alternativas, las cuales cubren desde una crisis del espacio público y la sociabilidad a la Sennett (1978) hasta un endurecimiento de las condiciones de vida en la ciudad (Moulian, 1997).

En Las cárceles de la miseria, Wacquant lleva a cabo una doble tarea. En primer lugar, desentraña los orígenes de esta nueva “sensatez penal”, rastreando sus orígenes en los think tanks neoconservadores estadounidenses y develando el proyecto de ordenación social que proponen; en segundo lugar, sitúa este corpus doctrinario en el contexto de una trasformación mayor, de carácter supranacional, relativa a una nueva gestión estatal de la miseria urbana. En efecto, plantea el autor, el tratamiento penal de la miseria no obedece tanto a un aumento en la cantidad o virulencia de los delitos como a una nueva forma de entender el papel que le cabe al Estado en el manejo de los problemas asociados a la marginalidad y la pobreza. En este sentido, el nuevo “sentido común penal” se plantea correlativo a la ideología neoliberal que concibe el ordenamiento económico y social en términos del individualismo y la mercantilización, constituyendo así en materia de justicia su traducción y complemento.

Wacquant sitúa el origen de este pensamiento en una serie de instituciones estadounidenses vinculadas al neoconservantismo, entre las cuales destaca el American Enterprise Institute, el Cato Institute y la Heritage Foundation; sin embargo, el principal sindicado es el Manhattan Institute. Estos institutos de asesoramiento, de reconocida influencia en materia de pensamiento económico liberal han cumplido según el autor la importante misión de difundir y legitimar los postulados relativos a una mayor presencia del aparato punitivo y judicial del Estado. En este movimiento, se hace responsable al excesivo asistencialismo estatal de fomentar la pobreza y la descomposición social, donde radica el germen de las violencias que aquejan a las ciudades. La retracción liberal del Estado keynesiano de posguerra implica, por tanto y al mismo tiempo que la desmantelación de las estructuras de asistencia social un fortalecimiento de la presencia estatal a través de la policía y los tribunales.

En esta aparente paradoja radica el corazón del argumento de Wacquant. ¿Cómo aquellos que en un momento defendían a ultranza el “menos Estado”, hoy claman por una mayor presencia de éste en lo penal? En la era de la desocupación masiva y del empleo precario, atribuidos a las transformaciones económicas del “nuevo capitalismo” y la economía global (Bourdieu, 1999; Sennett, 2000), la gestión punitiva de la miseria funge como una poderosa herramienta de control social: “Mano invisible del mercado y puño de hierro del Estado se conjugan y se completan para lograr una mejor aceptación del trabajo asalariado desocializado y la inseguridad social que implica” (Wacquant, 2000: 166). En último término, la transformación del Estado providencia al “Estado penitencia” en la terminología del autor se valida como un dispositivo que, al igual que las instituciones disciplinarias de Foucault (1996), se ejerce sobre el cuerpo de las ciudadanos a fin de hacerlos dóciles y útiles. En este sentido, el texto da cuenta de una triple utilidad del aparato penal hipertrofiado: disciplinar a los sectores obreros reticentes al trabajo asalariado precarizado; neutralizar o excluir a sus elementos díscolos o superfluos, de acuerdo a los vaivenes de la oferta de empleos, y reafirmar la autoridad del Estado en este dominio restringido.

En Estados Unidos, la política social carcelaria cristaliza en cinco tendencias: una “hiperinflación carcelaria” o el aumento exorbitante del número de encarcelados; un incremento sostenido en la cantidad de personas en manos de la justicia, en las “antecámaras y bastidores” de la prisión; el crecimiento desmesurado del sector penitenciario dentro de la administración pública; el florecimiento de la industria privada de la prisión, y finalmente lo que el autor denomina una “política de affirmative action carcelaria”, que se traduce en el ejercicio preferente de la política punitiva sobre las familias y barrios desheredados, particularmente los enclaves negros de las grandes ciudades. Wacquant es enfático en señalar que esta orientación no responde a una mayor propensión de los afroamericanos a las conductas desviadas, sino que “delata, ante todo, el carácter fundamentalmente discriminatorio de las prácticas policiales y judiciales llevadas adelante en el marco de la política de ‘ley y orden’ de las dos últimas décadas” (101).

Estos procesos son replicados de manera análoga en Europa, donde el marcado viraje a la derecha política de los últimos años ha allanado el camino para la difusión del pensamiento punitivo y la subsecuente realineación de las políticas sociales. Tal como en su país de origen, y legitimado por el “fino barniz científico” que le otorgan ciertos centros de estudios y usinas reproductoras de discursos en el sentido que Foucault (1970) le da al término, el “sentido común penal” tiene como su objeto preferente ciertas capas específicas de la población; en este caso, los extranjeros inmigrantes. Es posible entonces redefinir la comprensión del Estado como el ente que detenta el monopolio de la violencia legítima (Weber, 1998), en tanto ésta se ejerce sobre “aquellos a quienes podemos describir como los inútiles o insumisos del nuevo orden económico y etnorracial que se introduce en la otra orilla del Atlántico, y que los Estados Unidos proponen hoy como patrón al mundo entero” (6).

Sin embargo como reza el título de la entrevista al autor que cierra el libro, “el advenimiento del Estado penal no es una fatalidad” (165). Dado que la utilización de los dispositivos penitenciarios con fines de control social es producto, según Wacquant, de decisiones políticas a las cuales es posible oponerse, existe la alternativa de proponer y construir una política social alternativa, que permita el real progreso de los derechos sociales y económicos de las personas. La extensión del sistema penal es a la vez una máquina de exclusión y de pauperización; por tanto, la encrucijada que enfrenta Europa pone en juego, en último término, la construcción de un Estado social digno de ese nombre.

Si bien el libro responde como reconoce el autor a la preocupación por la amplia difusión en Europa del modelo de gestión punitiva de la miseria, no está ausente de su reflexión el hecho de que América Latina constituye cada vez más un campo fértil para las ideas del “más Estado penal”, así como en los ’70 y ’80 fue la tierra prometida del “menos Estado social”. En la perspectiva de Wacquant, a los Chicago boys los suceden los New York boys encabezados por el mismísimo Bratton, quien ha visitado en dos ocasiones la ciudad de Buenos Aires (que a estos efectos cumple para Latinoamérica el mismo rol que Londres en el contexto europeo, a saber, el de vitrina de estas ideas). La rápida y acrítica adopción de la doctrina de la “tolerancia cero” en Argentina es señalada con preocupación por el autor, quien recalca una vez más que su objetivo “es menos combatir el delito que librar una guerra sin cuartel contra los pobres y los marginales del nuevo orden económico neoliberal que, por doquier, avanza bajo la enseña de la ‘libertad’ recobrada” (17).

Lo social se explica por lo social; Wacquant actualiza el viejo postulado de Durkheim (1986) insistiendo en que el delito así como la miseria y la inseguridad obedece a factores que una política social coherente y responsable debe necesariamente considerar. A diferencia del darwinismo brattoniano (que plantea que “la desocupación no está relacionada con el delito”, 11), su análisis apunta a la precarización del trabajo asalariado, aunque deja abierta la posibilidad de posteriores interpretaciones. De cualquier manera, su trabajo se revela extremadamente contingente en el contexto de nuestras sociedades; particularmente para el caso de Chile, donde desde hace casi una década se ha instalado con fuerza en el debate público la preocupación por el control del delito y la seguridad ciudadana.

Esta preocupación articula tanto una inseguridad generalizada como una percepción del incremento sostenido del delito. Una mirada que se haga cargo de la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno social puede proveer de un cuerpo de respuestas y análisis a esta problemática como aquellas indicadas al comienzo de este texto. Sin embargo, el principal aporte del trabajo de Wacquant, en el marco de la ciudad latinoamericana de comienzos de milenio, puede ser la invitación que nos hace a precavernos del “social panoptismo” asociado a una administración penal de la pobreza urbana. La pregunta de fondo sigue siendo la misma que la sociología ha tratado de responder desde sus orígenes; ¿Cómo organizamos nuestra vida en sociedad? En último término: ¿Qué queremos para nuestras ciudades?

Referencias bibliográficas

Bourdieu, P. (1999). Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona: Anagrama.

Durkheim, E. (1986). Las reglas del método sociológico. México: Fondo de Cultura Económica [1895].

Foucault, M. (1970). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets.

_________ (1996). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI.

Moulian, T. (1997). Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago: LOM.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1998). Desarrollo humano en Chile. Las paradojas de la modernización. Santiago: Naciones Unidas.

Ramos, M. y J. Guzmán (2000). La guerra y la paz ciudadana. Santiago: LOM.

Sennett, R. (1978). El declive del hombre público. Barcelona: Península.

_________2000). La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama.

Wacquant, L. (2001). Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires: Manantial.

Weber, M. (1998). El político y el científico. Madrid: Alianza [1918].

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1Licenciado en Sociología, P. Universidad Católica de Chile, Chile.

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